Es imposible analizar el problema que afecta al proyecto minero Las Bambas sin hacer referencia a un término, que surge durante la década de los noventa, y al que cada vez se le está dando una mayor atención: la licencia social para operar. Esta licencia es un contrato tácito entre la empresa minera y la población aledaña al proyecto y otros agentes que se consideran impactados de alguna manera por la actividad de extracción del recurso natural. Dentro de una comunidad estos grupos pueden estar conformados por unidades familiares, dueños de propiedades, empresarios, agricultores, consumidores, oferentes, entidades políticas, sociales y gubernamentales (Wilburn y Wilburn, 2011); también pueden ser los inversionistas, los empleados, los grupos indígenas, las comunidades (Jenkins, 2004). Este “contrato intangible, no escrito, con la sociedad o con un grupo de esta, permite a una empresa extractiva entrar a una comunidad, iniciar y continuar sus operaciones” (Franks y Cohen, 2012), por lo que resulta de gran importancia el poder establecer cuáles son los requerimientos de los stakeholders para asegurar esta licencia social a la empresa minera.

En el caso de Las Bambas se puede observar que la crispación social toma fuerza a partir de un reclamo de la comunidad de Fuerabamba por el paso de camiones que transportan el cobre a través de las comunidades campesinas. Este hecho puede entenderse como un incumplimiento de los acuerdos entre la minera y la comunidad, que ha generado un enfrentamiento entre ambas partes. Además, la tardía intervención de las autoridades, ha coadyuvado a empeorar la situación de tensión.

Sin embargo, no podemos pensar que aun cuando se logre un diálogo fructífero entre las partes, apoyado en la mediación de representantes de la Iglesia, sea el fin de los conflictos mineros. El problema de raíz se podrá solucionar cuando se definan mecanismos que permitan una adecuada relación entre las empresas mineras y los stakeholders, lo que supone el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, el involucramiento de la comunidad en el proyecto y una adecuada participación de expertos locales, que a su vez permitan una comunicación continua y efectiva entre las partes afectadas. Esto complementado con una firme presencia de las autoridades del gobierno, que deben tener un rol activo en la prevención de conflictos y la generación de inversiones públicas en proyectos de desarrollo local, educación e infraestructura, con los fondos generados por la actividad minera. Estas acciones permitirán que los conflictos mineros vayan desapareciendo, y que el Perú como un todo pueda beneficiarse de los recursos que resultan de ser un país minero.

Para mayor profundización sobre este tema, te invito a leer mi artículo “Social license to operate in the mining industry: the case of Peru”: http://hdl.handle.net/10757/625292